Defensorí­as autónomas

En estos dí­as las Defensorí­as del Pueblo latinoamericanas están en las noticias, la elección del Defensor del Pueblo de Colombia se decidió en una votación donde se registraron cuatro votos €œfantasma€, ya que sobre 154 diputados se contabilizaron 158 sufragios, en Perú el Congreso se apresta a designar un Defensor titular luego de varios años de vacancia, en Venezuela, se cuestiona su alineación con el gobierno

A su vez, en nuestro paí­s, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara Contencioso Administrativo Federal exhortaron recientemente al Congreso a regularizar la nominación de la titularidad de esta institución constitucional.
Acefalí­as prolongadas, cuestionamientos a la idoneidad, alineamientos partidarios acechan a esta institución en gran parte de la región. Sin embargo, Latinoamérica ha incorporado institucionalmente el desarrollo de las Defensorí­as del Pueblo que han jugado un rol sustancial para garantizar el Estado de derecho y la participación ciudadana pero más que todo eso, han sido y son la voz para el ejercicio pleno de derechos de los sectores excluidos.
Con la excepción de Chile y Brasil, todos los paí­ses de la región tienen instituciones defensoriales, que comparten la misión de mediar entre el Estado y el Pueblo para asegurar que se garantice el cumplimiento de los derechos humanos.
Concebidas desde su aparición histórica como una forma de acercar a los soberanos las necesidades de sus pueblos, en las democracias latinoamericanas, las Defensorí­as mantienen esa impronta de tender puentes entre los Estados, muchas veces lejanos y burocráticos, con las necesidades de los ciudadanos. Son así­ una herramienta de equilibrio indispensable en sociedades con desigualdad e injusticias sociales y una fuerte deuda para garantizar la equidad de género.
Esta tarea es aún más necesaria  cuando se refiere a colectivos que sufren fuertes trabas para acceder a la Justicia o que enfrentan problemáticas que permanecen invisibles a los ojos de los aparatos estatales: pueblos indí­genas, población migrante, población LGBT, trabajadores informales, juventudes marginadas, sectores sociales sumidos en la pobreza extrema, entre muchas otras exclusiones del sistema encuentran en las Defensorí­as del Pueblo un lugar referencial –con potencia– para hacer valer sus derechos.
En este ciclo democrático, las Defensorí­as del Pueblo dieron visibilidad a los reclamos más acuciantes: en Bolivia llevaron la voz de los pueblos indí­genas y fueron determinantes en la resolución del conflicto por el agua en Cochabamba, en el Perú la institución monitorea los conflictos sociales e interviene de manera temprana y proactiva para evitar crisis y violencia, la Defensorí­a Colombiana jugó un rol importante durante los años de la guerra, en nuestro paí­s junto a la Corte Suprema pudo revertir el inmovilismo para atender la contaminación en el Riachuelo o el abandono de comunidades indí­genas.
Nuestra región necesita en su búsqueda de un desarrollo inclusivo, sustentable y duradero, de mayor justicia y democracia, contar con Defensorí­as legitimadas ante la sociedad y los gobiernos; defensores o defensoras que resulten de un amplio apoyo parlamentario donde los candidatos tengan oportunidades para que se evalúen sus antecedentes, idoneidad y trayectoria.
Necesitamos Defensorí­as autónomas y profesionales, que hagan de la verdad, el conocimiento, la verificación de los hechos y la defensa de los derechos un modo de actuación.
Defensorí­as comprometidas con los Derechos Humanos, que promuevan una cultura de la paz, el diálogo y el abordaje de los conflictos sin violencia. Defensorí­as que defiendan la diversidad, los bienes comunes y encarnen la palabra de las generaciones presentes y futuras.
Defensorí­as abiertas a los pueblos y a las organizaciones sociales que funcionen como organizadores de los reclamos colectivos y como correa de transmisión de las demandas olvidadas. Instituciones presentes y cercanas, al alcance de todos, en especial de los €œcondenados de la tierra€.

*Coordinador de la Oficina de Gestión de Conflictos de la Defensorí­a del Pueblo de la Nación Argentina.

Publicado por: Perfil (República Argentina) el 18 de septiembre del 2016

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.