Defensorías autónomas

En estos días las Defensorías del Pueblo latinoamericanas están en las noticias, la elección del Defensor del Pueblo de Colombia se decidió en una votación donde se registraron cuatro votos €œfantasma€, ya que sobre 154 diputados se contabilizaron 158 sufragios, en Perú el Congreso se apresta a designar un Defensor titular luego de varios años de vacancia, en Venezuela, se cuestiona su alineación con el gobierno

A su vez, en nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara Contencioso Administrativo Federal exhortaron recientemente al Congreso a regularizar la nominación de la titularidad de esta institución constitucional.
Acefalías prolongadas, cuestionamientos a la idoneidad, alineamientos partidarios acechan a esta institución en gran parte de la región. Sin embargo, Latinoamérica ha incorporado institucionalmente el desarrollo de las Defensorías del Pueblo que han jugado un rol sustancial para garantizar el Estado de derecho y la participación ciudadana pero más que todo eso, han sido y son la voz para el ejercicio pleno de derechos de los sectores excluidos.
Con la excepción de Chile y Brasil, todos los países de la región tienen instituciones defensoriales, que comparten la misión de mediar entre el Estado y el Pueblo para asegurar que se garantice el cumplimiento de los derechos humanos.
Concebidas desde su aparición histórica como una forma de acercar a los soberanos las necesidades de sus pueblos, en las democracias latinoamericanas, las Defensorías mantienen esa impronta de tender puentes entre los Estados, muchas veces lejanos y burocráticos, con las necesidades de los ciudadanos. Son así una herramienta de equilibrio indispensable en sociedades con desigualdad e injusticias sociales y una fuerte deuda para garantizar la equidad de género.
Esta tarea es aún más necesaria cuando se refiere a colectivos que sufren fuertes trabas para acceder a la Justicia o que enfrentan problemáticas que permanecen invisibles a los ojos de los aparatos estatales: pueblos indígenas, población migrante, población LGBT, trabajadores informales, juventudes marginadas, sectores sociales sumidos en la pobreza extrema, entre muchas otras exclusiones del sistema encuentran en las Defensorías del Pueblo un lugar referencial –con potencia– para hacer valer sus derechos.
En este ciclo democrático, las Defensorías del Pueblo dieron visibilidad a los reclamos más acuciantes: en Bolivia llevaron la voz de los pueblos indígenas y fueron determinantes en la resolución del conflicto por el agua en Cochabamba, en el Perú la institución monitorea los conflictos sociales e interviene de manera temprana y proactiva para evitar crisis y violencia, la Defensoría Colombiana jugó un rol importante durante los años de la guerra, en nuestro país junto a la Corte Suprema pudo revertir el inmovilismo para atender la contaminación en el Riachuelo o el abandono de comunidades indígenas.
Nuestra región necesita en su búsqueda de un desarrollo inclusivo, sustentable y duradero, de mayor justicia y democracia, contar con Defensorías legitimadas ante la sociedad y los gobiernos; defensores o defensoras que resulten de un amplio apoyo parlamentario donde los candidatos tengan oportunidades para que se evalúen sus antecedentes, idoneidad y trayectoria.
Necesitamos Defensorías autónomas y profesionales, que hagan de la verdad, el conocimiento, la verificación de los hechos y la defensa de los derechos un modo de actuación.
Defensorías comprometidas con los Derechos Humanos, que promuevan una cultura de la paz, el diálogo y el abordaje de los conflictos sin violencia. Defensorías que defiendan la diversidad, los bienes comunes y encarnen la palabra de las generaciones presentes y futuras.
Defensorías abiertas a los pueblos y a las organizaciones sociales que funcionen como organizadores de los reclamos colectivos y como correa de transmisión de las demandas olvidadas. Instituciones presentes y cercanas, al alcance de todos, en especial de los €œcondenados de la tierra€.