¿Colombia es la punta del iceberg?

Los profundos cambios en diferentes órdenes, incluso y ninguno como en el tecnológico, nos vení­an interpelando a quienes formamos parte del movimiento de la gestión constructiva de conflictos con la exigencia de  cambiar de prisma de observación, puesto que las violencias y las desigualdades se impusieron (¡definitivamente!) impactando en lo social.

La pandemia vino a profundizarlas ya que puso todo patas para arriba, pero no trastocó la concentración de la riqueza (pone a Latinoamérica en la pole position internacional) y que representa una de las materialidades más notorias del capitalismo, que en clave de privilegios, impide salir del atolladero de la desigualdad. Esto nos impone repensar los modos de concebir la conflictividad en lo social, lo urbano y lo territorial, para poder tener algunas nuevas preguntas que nos permitan impulsar iniciativas no funcionales a las tradicionales necesidades del sistema.

Los conflictos sociales que se manifestaron en la región durante 2019, con falta de polí­ticas de gobierno que pudieran atender las desigualdades y las violencias, pasaron a un segundo plano a partir de la agenda prioritaria que impuso el Covid-19. Salud y economí­a, ocuparon también en clave de discordia y polarización, la centralidad del ví­nculo entre los estados y la ciudadaní­a. Por una lado, gobiernos desapegados de la protección de la salud y aferrados a que prevalezca la actividad económica y, por el otro, gobiernos apegados a las restricciones para evitar propagación de contagios en contraposición de los intereses económicos en juego. En esta falsa disyuntiva antinómica emergieron anti-cuarentenas-libertarios enfrentando polí­ticas restrictivas con narrativas altisonantes que ganaron el espacio público.

Más allá de esta nueva agenda conflictiva, los macro conflictos por la desigualdades y violencias de ningún modo desaparecieron, sino que desescalaron –esas exigencias sociales– del escenario público y se estacionaron en re-latencia, donde lo inaudible e invisible es sólo un repliegue circunstancial, pues cualquier chispa fácilmente podrí­a encender un incendio y hacer emerger como re-escalar un conflicto de altí­sima intensidad.  El hecho actual es el colombiano, que da cuenta de ello y, probablemente, sea el comienzo de un reguero de pólvora que impida un rol edificante –desde nuestro campo de acción– para reencausar los conflictos hacia senderos no violentos.

La tapa de la revista Lazos de la Fundación Unir Bolivia que, en el año 2005, titulaba con signo de incógnita: ¿Qué denotan los conflictos?, estimo que nos obliga a traer nuevamente este cuestionamiento debido a que, posiblemente, nos entusiasmamos demasiado con nuestros dispositivos dialógicos y los descontextualizamos del acontecer polí­tico.

La polí­tica nos dice que la pandemia desnudó a los Estados y dejó en claro sus capacidades y potencias, en especial en materia sanitaria. Esto quedó plasmado en la distribución desigual de las vacunas, la infraestructura y los servicios de atención de salud, la disponibilidad de respiradores, el personal de salud destinado a la atención del Covid-19, la capacidad en las internaciones y camas de terapia intensiva. Por su lado, en lo económico, como nuestros paí­ses endeudados quedaron a prorrata del acaparamiento de vacunas de los acreedores, también se pudo medir la chequera de cada uno y su respectivo poder de compra. En lo que a nosotros concierne, los intereses en juego que representaban los conflictos en la etapa pre-pandémica no fueron desarticulados y ni siquiera priorizados por los gobiernos.

Deberí­amos preguntarnos –para tener bien claro– qué denotan los conflictos en los paí­ses que son emblemáticos en conflictividad social. ¿Cuánto cambió en Chile respecto de la salud, la educación y lo previsional?, más allá de ser uno de los paí­ses de la región que mejor parado lo encontró la pandemia para afrontar gastos excepcionales. ¿De qué manera fueron soslayados los reclamos sociales en Colombia y se acrecentó el menosprecio con una pretensa reforma tributaria que ha de recaer sobre las espaldas de los sectores más afectados por la desigualdad? Esto nos lleva indefectiblemente a la pregunta: ¿Cuán sensibles están los gobiernos para asimilar los conflictos y no generarlos, ni mucho menos imprimirle violencia institucional, como una forma de dotar de mayor calidad y contenido a la democracia?

Se pide a los cuatro vientos diálogo nacional para los colombianos. Ahora bien, el diálogo no puede ser un instrumento de falsa pacificación, de consensos oxigenantes, de suspensión temporaria de las tensiones para que todo continúe igual. No, ni mucho menos. No puede ser funcional para que se siga escondiendo la basura bajo la alfombra y prevalezca la necesidad de gobernabilidad del sistema, pero sin cambios significativos como incluyentes. Es hora de alzar nuestra voz y sostener que el medio para alcanzar el equilibrio entre la diferencia y la igualdad radica en alzar la bandera de los derechos humanos. En la escala de valores de quienes predisponemos espacios dialógicos, priorizarlos es un deber ético para poder contribuir a achicar la desigualdad en la práctica.

  • Por ALEJANDRO NATÓ

Abogado, mediador y conflictólogo argentino. Coordinador de la Oficina de Gestión de Conflictos del Defensor del Pueblo de la Nación, y coautor de Mediación comunitaria Geografí­a del conflicto. Claves para decodificar el conflicto social y polí­tico.

Fuente: Revista Turbulencias.

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