En un tiempo en el que las guerras vuelven a ocupar el centro de la escena global, la pregunta ya no es únicamente por sus causas, sino por su persistencia. Algo más profundo está ocurriendo: vuelve a instalarse la idea de que los conflictos pueden resolverse por la vía de la fuerza. Y lo más preocupante es que esa lógica empieza a ser aceptada como parte del paisaje.
El orden internacional que surgió después de la Segunda Guerra Mundial —con la creación de las Naciones Unidas y el desarrollo de reglas para limitar la violencia— buscó justamente lo contrario: ponerle un freno a la barbarie. A eso se sumó, con el tiempo, un entramado sólido de derecho internacional de los derechos humanos que colocó a la dignidad en el centro. Sin embargo, hoy vemos cómo ese andamiaje pierde capacidad de incidencia frente a decisiones atravesadas por intereses estratégicos. El derecho queda corrido de su función de límite.
A esto se agrega una tensión que atraviesa todo el sistema: los derechos están reconocidos, pero muchas veces no se cumplen. Existe un desarrollo normativo significativo, con tratados, estándares y organismos que los respaldan. Pero en la práctica, esa arquitectura convive con situaciones que la contradicen de manera abierta.
Las guerras actuales dejan esto en evidencia de forma brutal. No se trata solo de enfrentamientos armados. Lo que está en juego es la vida cotidiana de las personas: poblaciones desplazadas, ciudades arrasadas, hospitales y escuelas atacados. El impacto no es lateral, es directo sobre la dignidad humana. Allí aparece con toda claridad la crisis del derecho internacional humanitario, que nació precisamente para poner límites a la crueldad incluso en los escenarios de guerra. Las normas que protegen a la población civil hoy son vulneradas con una frecuencia alarmante.
Pero detrás de cada conflicto armado también hay tramas menos visibles. La guerra no es solo una disputa territorial o ideológica; es, muchas veces, un escenario donde se cruzan intereses económicos, geopolíticos y estratégicos de enorme magnitud. La industria armamentística, el control de recursos naturales, las rutas energéticas, la disputa por zonas de influencia: todo configura un entramado en el que la vida humana queda subordinada a lógicas de rentabilidad y poder. Cuando esos intereses se consolidan, la guerra deja de ser una excepción y empieza a convertirse en un negocio.
Por eso es importante insistir en algo que a veces se pierde en medio del conflicto: los derechos humanos no desaparecen en la guerra. Al contrario, deberían operar con más fuerza. Y el derecho internacional humanitario, lejos de ser una excepción, forma parte de ese mismo entramado de protección que busca preservar lo esencial: la vida y la dignidad. Sin embargo, la realidad muestra otra cosa. En muchos casos, estos estándares quedan relegados frente a la lógica bélica.
El problema es que, poco a poco, todo esto empieza a naturalizarse. La guerra deja de sorprender. El sufrimiento ajeno pierde centralidad. La destrucción se vuelve parte de la rutina informativa. Cuando eso ocurre, no solo se debilita la política, también se erosiona la cultura democrática.
Aun así, no alcanza con describir el problema. Tampoco sirve quedarse en una mirada fatalista. La paz no es una consigna ingenua. Es una construcción que requiere decisiones concretas.
Implica volver a darle sentido al derecho como herramienta real, no como declaración. Supone exigir que los Estados cumplan con sus obligaciones y fortalecer los espacios de control que permiten equilibrar las asimetrías. Sin eso, los derechos quedan librados a la voluntad de quienes detentan el poder.
Pero hay otra dimensión que muchas veces se subestima. La paz también se juega en lo cotidiano. En los vínculos, en la manera en que gestionamos los desacuerdos, en la disposición a reconocer al otro. Ahí es donde el conflicto deja de ser una amenaza y debe convertirse en un gran desafío.
En ese plano, el movimiento mediador tiene un valor particular. No desde una lógica abstracta, sino desde la práctica concreta: escuchar, generar condiciones de diálogo, reconstruir relaciones dañadas. Ese trabajo, muchas veces silencioso, permite desactivar dinámicas de confrontación que, de otro modo, escalan. Y en ese proceso se fortalece una cultura de paz sostenida en el respeto.
En ese mismo recorrido, la mediación adquiere una dimensión que excede lo técnico para convertirse en una práctica profundamente democrática. Allí donde el conflicto fragmenta, la mediación tiende puentes; pero no se trata de conexiones superficiales, sino de verdaderos túneles de comprensión que permiten atravesar posiciones rígidas y acercarse a lo que subyace en cada disputa. En ese tránsito se construye algo indispensable: la confianza. Y sin confianza, el diálogo se vuelve frágil o directamente imposible.
Desarmar los corazones (como le gustaba decir al Papa Francisco) no es una frase para cerrar discursos. Es un desafío real en sociedades atravesadas por la desconfianza. Cuando los vínculos se rompen, la violencia encuentra terreno fértil.
Pero hay otra forma de conflicto que convive con las guerras visibles y que rara vez se nombra con la misma contundencia. Es la que se expresa en la desigualdad estructural, en la exclusión persistente, en la falta de acceso a derechos básicos. Es una guerra silenciosa, sin titulares, pero con efectos igual de devastadores.
Por eso, hablar de paz también obliga a mirar la cuestión social. Las desigualdades persistentes, la falta de acceso a derechos básicos, la exclusión, generan condiciones que erosionan la convivencia. Sin un piso mínimo de justicia social, la paz se vuelve frágil.
En este escenario, también resulta necesario revisar el lugar desde donde se construye el sentido de lo público. Cuando la información deja de interpelar y pasa a confirmar creencias previas, cuando el debate se reduce a posiciones cerradas, se debilita la posibilidad misma de comprender al otro. La creciente polarización termina produciendo una pauperización del debate público.
En este contexto, la participación ciudadana deja de ser un complemento y pasa a ser una necesidad. Involucrarse, exigir, construir en colectivo, pero también ejercer un control activo sobre los actos de gobierno. Sin contrapesos reales, existe el riesgo de que se profundicen las desigualdades.
En este punto, recuperar una idea de democracia sustantiva se vuelve indispensable. No alcanza con procedimientos formales ni con la periodicidad electoral si, al mismo tiempo, se debilitan las instituciones encargadas de canalizar demandas y garantizar derechos. Cuando esas capacidades se erosionan, la democracia pierde densidad y se vuelve más vulnerable.
La historia muestra que los cambios no vienen solo desde arriba. Muchas veces surgen de prácticas sostenidas en el tiempo, de personas y organizaciones que deciden no correrse, aun en contextos adversos.
Hoy el desafío es ese: no acostumbrarnos a la guerra ni mucho menos darle algún tipo de justificativo. No aceptar que la violencia sea el modo habitual de resolver conflictos.
La paz no es un horizonte lejano, aunque parezca una utopía. Es una tarea concreta. También es un derecho humano. Y asumirla como tal implica algo más que una aspiración: supone un compromiso cotidiano con la forma en que elegimos convivir.
Abogado, Mediador y Profesor titular de Cátedra de la UBA. Doctor en Derecho (Universidad Nacional de Mar del Plata). Doctor en Negociación y Mediación (Instituto de Mediación de México).
Fuente: https://comercioyjusticia.info/opinion/la-paz-como-decision-frente-a-la-guerra/